El 4 de noviembre de este 2020, faltando poco más de un mes para celebrarse, como todos los años el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos; Panamá se sometió a su tercer ciclo de revisiones en el denominado Examen Periódico Universal (EPU) o UPR por sus siglas en inglés.
El EPU es considerado como una innovación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el mecanismo examinador de los compromisos de los Estados con los Derechos Humanos, basada en el trato igualitario entre los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. En este examen cada país tiene oportunidad de informar sobre las acciones que adelanta de cara a lograr pleno disfrute de los derechos humanos, así como los retos que le supone alcanzar una situación de protección efectiva de los derechos.
En el periodo anterior que tuvo lugar en el año 2015, Panamá recibió 125 recomendaciones, algunas de ellas se han repetido a lo largo de los años. Tal es el caso de la protección de los derechos de niñas y niños ante la edad para contraer matrimonio; la necesidad de implementar acciones para proteger los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes; consistencia en las recomendaciones respecto de la trata de personas, sexual y laboral, que hace evidente que la misma continúa y que lo que hasta el momento existe en el país es insuficiente para hacerle frente; la necesidad de tomar medidas debido a que se mantiene la discriminación contra la mujer y entre sus distintas formas persiste la dificultad para acceder a espacios de dirección tanto en la empresa privada como en el poder público; así mismo como las solicitudes respecto a mejorar el abordaje de la violencia doméstica y todo tipo de violencia basada en género.
El tiempo es poco desde el tercer examen, pero existen documentos a los que se puede acceder y van dando una idea del tenor de las próximas recomendaciones, como el Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas del 14 de febrero de 2020 en el cual se observa que fueron llevados a discusión asuntos apuntados por varias organizaciones de la sociedad civil.
De allí se desprenden, otra vez, problemas de viejo data. La situación de las poblaciones indígenas y afrodescendientes y la discriminación múltiple, caso de las mujeres y personas con discapacidad que son también indígenas o afrodescendientes; también en cuanto a la discriminación, la igualdad de salario para las mujeres es deuda eterna del Estado Panameño, así mismo la mortalidad materna fue aludida como vinculada a la desigualdad económica. Desde la ronda anterior, se destacaba la importancia de la necesidad de incorporar con claridad la educación en Derechos Humanos en los centros educativos para la niñez y la adolescencia y en el 2020 repite el señalamiento. La mención de la necesidad de fortalecer al Instituto de la Mujer, es algo que se ha estado diciendo desde su creación.
Pero también hay materias, que podrían suponerse como más novedosas, aunque más bien puede deberse a que han empezado a notarse ciertos tópicos cada vez con más fuerza por circunstancias que se presentan en el país. En ese sentido, el texto habla de la importancia de atender las situaciones de discriminación y violencia que padecen las personas mayores o personas de edad; se destacó la necesidad de penalizar los delitos cibernéticos de forma acorde con los estándares internacionales y se puso de manifiesto la necesidad de contar con políticas ambientales de educación para la protección del ambiente resaltando el manejo de desechos, entre otros.
Muy importante además, en cuanto al acceso a la justicia, es el texto que se extrae del resumen de las comunicaciones de febrero de 2020, que hace referencia a una de varias comunicaciones que en conjunto remiten organizaciones de la sociedad civil, en este caso la comunicación conjunta 4 (JS4) de la que se reproduce lo siguiente: “La JS4 recomendó mejorar la Ley del Sistema Penal Acusatorio a fin de impedir acuerdos de liberación o disminución de penas para casos de violaciones y femicidios, entre otros”. (Consejo de Derechos Humanos, 2020, p.5)
Lo cierto es que el país aún debe esperar un tiempo hasta que sea publicada la Matriz de Recomendaciones relativa al EPU de Panamá en 2020. Mientras tanto la pregunta es, ¿qué posibilidad existe de que sean atendidas todas estas nuevas recomendaciones cuando consistentemente se repiten recomendaciones en asuntos que cuando se reiteran, es porque no han sido atendidos o la protección de derechos sigue siendo insuficiente?
Referencia:
Consejo de Derechos Humanos. Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Panamá. A/HRC/WG.6/36/PAN/3. 36º período de sesiones, 4 a 15 de mayo de 2020, p.5