La corrupción es un mal mundial y sus ámbitos de desenvolvimiento son tan variados como la pobreza y las relaciones de poder en los distintos engranajes de la sociedad, ya sea a micro escala, como en el típico soborno o “salve” o en escenarios más amplios como en los altos escaños de los gobiernos y en la política. Suelen ser ingredientes de intercambio en la corrupción: el poder, el dinero y el sexo.
Este flagelo priva de recursos para el establecimiento y sostenimiento de sistemas dirigidos a cubrir necesidades fundamentales de las comunidades, tal como el abastecimiento de agua, de allí su efecto dominó que menoscaba los derechos de las personas. Además la misma se entromete de diversas formas en la administración de justicia, puede ser de forma política involucrando la negociación de puestos; por medio de la influencia de la delincuencia organizada o por medio del formato que podría llamarse popular, como el utilizado en Panamá que es “regalar la soda”, frase que tiende a ser aceptada y suaviza el acto corrupto entre particulares y el funcionariado estatal. Las dos últimas formas pueden hacerse presentes cuando se trata de delitos como la trata de personas y la violencia doméstica.
La corrupción es, por ende, factor debilitante de la capacidad del sistema judicial de proteger los derechos de las víctimas, sobre todo entre los grupos humanos más vulnerables, caso de las mujeres y menores de edad, más aún si se toman en cuenta los mencionados ingredientes de intercambio.
Las víctimas, además del perjuicio que las llevó a buscar justicia, se encuentran expuestas a revictimización, violencia estructural y corrupción, que en muchos casos bien pueden presentarse en combinación. Un ejemplo, es lo que ocurrió en 2018 en Perú donde un exmagistrado negociaba rebaja de pena o libertad a costa de una víctima de violación de 11 años.
La Convención Interamericana Contra la Corrupción de las Naciones adoptada por Panamá mediante Ley 42 del 1 de julio de 1998, otorga importancia a la prevención de la corrupción a través del fortalecimiento de normas para el honorable ejercicio de la función pública así como brinda importancia a la participación ciudadana como elemento importante en la lucha contra la corrupción.
Por su parte la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción tiene en cuenta la importancia de fomentar una cultura contra la corrupción y fue aprobada mediante Ley 15 del 10 de mayo de 2005. Este instrumento internacional establece en su artículo 11 que los Estados deben adoptar medidas para evitar toda oportunidad de corrupción en el poder judicial, incluyendo al Ministerio Público.
Este instrumento internacional establece en su artículo 11 que los Estados deben adoptar medidas para evitar toda oportunidad de corrupción en el poder judicial, incluyendo al Ministerio Público.