La Subcomisión de Gobierno que preside el Diputado Juan Diego Vásquez adelanta la empresa de la reforma integral de los Códigos Penal y Procesal Penal.
Desde su inicio y hasta este momento, pese a la pandemia, estos códigos han pasado por una profunda revisión a manos de diferentes sectores familiarizados con la labor de la justicia, por quienes trabajan en beneficio de los derechos de las víctimas y otros grupos humanos.
Tanto instituciones del Estado como gremios de juristas y organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de realizar sus aportes en las diferentes temáticas que constituyen delitos, dando como resultado más de cinco actualizaciones del documento matriz en el cual quienes participan han estado vertiendo sus recomendaciones.
Debe destacarse que esta reforma integral, hasta el momento, se proyecta como una posibilidad importante de obtener como resultado documentos más avanzados y cónsonos con la realidad. Se pretende elevar a categoría de crímenes actos cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, ciertos actos discriminatorios, así como en materia de violencia sexual digital se incorpora como acto delictivo la difusión sin consentimiento de imágenes y videos íntimos, aunque sobre este último aspecto hay que decir que es mucho lo que queda por comprender para alcanzar una adecuada protección de víctimas de actos similares.
CLARESAS se encuentra representada en esta tarea por su presidenta, Mónica Benson. Se ha logrado la incorporación de aportes como un agravante en los casos de violación cuando el agresor realice registro de imágenes de audio y video como parte de la comisión del delito; por sí mismo, con participación de terceros u obligue a la víctima a realizar dicho registro; como también que se establezca la importancia de que el Estado Panameño garantice que no exista revictimización en los procedimientos relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en los que resulte necesaria la práctica de exámenes físicos a las víctimas; para que sea procurado el respeto de la integridad física y psíquica de la víctima, de manera que estos no contribuyan a profundizar posibles afectaciones.
Es una preocupación compartida con varios grupos que participan del proceso lo relativo a los Acuerdos de Pena y la importancia del resarcimiento para la víctima. En ese sentido, un punto de vista de consenso entre estos es la existencia de vulnerabilidad de las víctimas frente al mecanismo de los Acuerdos.
Está claro que el camino aún es largo pero en la medida en que, en las siguientes etapas, se mantenga la actitud de facilitar el derecho a participar de todas las personas interesadas en colaborar, como hasta ahora lo ha hecho la Subcomisión y el equipo de trabajo del diputado Vásquez, alcanzaremos los mejores instrumentos posibles.
Fotos. Cortesía del despacho del Diputado Juan Diego Vásquez.