El derecho de acceso a servicios de salud adecuados para las víctimas de la violencia, no suele estar entre aquellos cuya garantía de respeto es objeto de constante análisis y vigilancia. El lenguaje complicado y la necesidad de personal especializado, entre otras cosas, dificultan a las organizaciones de apoyo a sobrevivientes de violencia la observación del cumplimiento por parte del Estado de la obligación de garantizar estos derechos.
Si bien las afectaciones de salud son consecuencias infaltables de la violencia, no se hace del todo evidente que es puntal para la atención integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, violencia contra la mujer y violencia en las relaciones de pareja y maltrato a menores; por lo que esta importantísima arista de la atención es percibida como circunstancial, y es poco comprendida la relevancia del rol de atención de salud por parte del Estado para una transición y reencauce de la víctima a la vida productiva.
Es necesario que exista claridad en que las afectaciones a la salud de la víctima suelen ser las primeras que esta padece. La salud mental, es por lo general la aquejada inicial, lo que provoca que la víctima no encuentre en sí misma mecanismos para enfrentar lo que vive; luego de la salud mental o a la par de esta, la salud física que puede verse perjudicada ya sea debido a las agresiones sufridas o como parte de las reacciones de la víctima a los sucesos de su vida. Es así que, el acceso implica no sólo la necesidad de servicios de urgencia, generalmente para casos de violencia física, sino la atención por profesionales de salud mental, así como la disponibilidad de los servicios, y seguimiento.
Debe entenderse por disponibilidad que los servicios se encuentren al alcance de la población desde el punto de vista geográfico; la cobertura de los mismos debe involucrar que en todas las zonas en donde se brinden servicios de salud las instalaciones sean dignas y estén abastecidas con los medicamentos necesarios y suficientes; así como el que sean asignados profesionales de las especialidades requeridas según las situaciones que se presentan. Y que en casos en que sea necesario el traslado de urgencia de las víctimas, se cuente con el transporte adecuado para que la atención sea expedita.
Es común la ausencia de medicamentos en áreas de difícil acceso o en los centros de salud de comunidades alejadas, que suelen ser lugares con cifras elevadas de delitos de violencia sexual y doméstica, lo que impide, muchas veces, que mujeres y niñas puedan evitar quedar embarazadas del violador, que con frecuencia puede ser un familiar; así como debido a la ausencia de productos farmacéuticos especializados, no es posible que reciban el tratamiento de urgencia contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
De igual forma y hasta de manera preventiva, es de suma importancia el acceso a servicios de salud mental, puesto que los mismos son fundamentales en el proceso que atraviesan las víctimas que se encuentran en el círculo de la violencia, así como para evitar posibles desenlaces fatales, incluyendo los suicidios de víctimas que han sufrido años de abuso y se ven obligadas a guardar silencio por las circunstancias en que viven, circunstancias de las que también hace parte la ausencia de asequibilidad a servicios de salud. Así también, la falta de seguimiento adecuado de los traumas físicos y mentales debido a las carencias en la atención de salud, contribuyen a mantener a la víctima en el círculo de la violencia, e incluso pueden producirse secuelas por condiciones que no pudieron concretar todo el periodo de atención.
El derecho de acceso a servicios de salud adecuados para las víctimas, obligatoriamente involucra la no revictimización en la atención, que va desde no juzgar a la víctima cuando se la recibe, sensibilidad y amabilidad en el trato, hasta hacer lo posible por evitar brusquedad en la intervención física para que la atención de salud no se convierta en extensión del trauma vivido.
La Organización Mundial de la salud ha sido enfática al señalar que la violencia contra la mujer y la violencia doméstica son problemas de salud pública, y a través de su página web es posible encontrar publicaciones de distinto tipo sobre atención de la salud de las mujeres víctimas de violencia en las relaciones de pareja. La información puede ubicarse en este enlace: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/es/