El día de hoy, 10 de diciembre de 2021, Día Internacional de los Derechos Humanos, cerramos en acción con una Consulta dirigida a la Procuraduría de la Administración por la dilación de casi cuatro años sin alcanzar la Reglamentación de la Ley 7 del 14 de febrero de 2018.
La Ley 7 de 2018 tiene como objetivo “prohibir y establecer la responsabilidad por todo acto de violencia que atente contra la honra, la dignidad, la integridad física y psicológica de las personas…” y demanda que “para el desarrollo de ese objetivo se desarrollará una Política Pública enfocada en “Sensibilizar, prevenir y prohibir con miras a erradicar el hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo en el ámbito laboral, educativo, comunitario y en cualesquiera otros ámbitos”.
Las disposiciones que contiene son de ORDEN PÚBLICO como su propio texto lo determina, obliga a todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional y se regirán por ella servidores públicos y estudiantes. Pese a estas importantes disposiciones y a que fue establecido que el Órgano Ejecutivo debía reglamentarla en un término no mayor de 180 desde su promulgación, esto no ha sido cumplido.
Preocupan a CLARESAS, las elevadas tasas de distintos tipos de violencia, cuyas víctimas mayoritarias son mujeres, niñas, niños y adolescentes; que suelen tener su génesis en actos de acoso y hostigamiento, por lo que a partir de junio de este año, en el marco de la entrada en vigor del Convenio 190, Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, concretada, específicamente, el 25 de junio de 2021; empezamos a tomar acciones, entre ellas, levantamos una Petición en Change.org, encaminadas no sólo a que el Estado panameño ratifique el Convenio de la OIT, sino también a que salde la deuda de la reglamentación de una Ley incluyente e integral, como es la Ley 7 de 2018.
Esta Ley se ocupa de los distintos espacios en los que pueden ocurrir actos de acoso, hostigamiento y discriminación, y en conjunto con el Convenio 190 se configura una protección más completa puesto que la ley se dedica, de manera muy especial al ámbito educativo, público y particular, constituyéndose en una herramienta importante para proteger los derechos del estudiantado y personal docente en todas las etapas educativas, desde la básica a la superior.
Esperamos que la Consulta brinde mayores destellos en el camino del ejercicio de nuestros derechos, porque sin esta reglamentación, la protección que se logre, de ratificarse el Convenio 190, estaría incompleta.
¡Tenemos derecho a estudiar y trabajar en paz! Panamá cumple. Reglamentar la Ley 7 de 2018 es una obligación. El Convenio 190 debe ser ratificado.
